En julio de 2023, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su primer informe sobre la magnitud y la situación de las mujeres privadas de libertad en las Américas. En este blog, Coletta Youngers analiza sus conclusiones y su importancia para los esfuerzos por reducir el encarcelamiento de mujeres en toda la región.

Este artículo fue publicado originalmente por WOLA (Washington Office on Latin America) el 28 de julio de 2023.

Tras años de trabajo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA presentó el 20 de julio de 2023 un informe pionero titulado “Mujeres privadas de libertad en las Américas”.

Mientras se realizaba la investigación para el informe, el encarcelamiento de mujeres en la región seguía aumentando. Los datos proporcionados por la Lista Mundial de Mujeres Encarceladas muestran que, excluyendo a los Estados Unidos, se estima que 95.000 mujeres se encuentran hoy tras las rejas en las Américas, en comparación con unas 38.000 en el año 2000, un aumento de más del 150 por ciento en poco más de dos décadas. Detrás de estas estadísticas están las trágicas historias de las mujeres que viven en estas prisiones, en condiciones deplorables, mientras son abandonadas y abusadas, aisladas de sus familias.

Aquí hay tres razones por las cuales este informe es tan importante para los esfuerzos destinados a reducir de manera significativa el número de mujeres tras las rejas en las Américas.

1. Cambiar la narrativa sobre las mujeres en prisión

Este informe parte de la premisa que las mujeres encarceladas tienen derechos; sus derechos humanos básicos deben ser protegidos y promovidos. Aunque esto puede parecer obvio para algunos, no es la opinión que suelen sostener muchos en la región.

Como detalla el informe, en América Latina, el continuo aumento del encarcelamiento de mujeres se debe en gran parte a leyes de drogas excesivamente punitivas y políticas de “mano dura” que afectan de manera desproporcionada a las mujeres. Cualquier persona acusada de estar involucrada en actividades relacionadas con drogas o bandas criminales es presentada como una delincuente peligrosa. Las mujeres procesadas penalmente enfrentan niveles de estigma y discriminación aún mayores que los hombres, ya que se considera que han transgredido los roles de género y cuidado asignados por la sociedad. Y esto es aún más cierto en el caso de las mujeres trans.

Para obtener apoyo por parte de la sociedad y de los gobiernos a las reformas de políticas presentadas en este informe, debemos cambiar la narrativa sobre quiénes son las mujeres encarceladas y cuáles son las razones que las llevaron allí. También debemos promover un debate sobre alternativas a las políticas punitivas que fortalezcan y hagan más resilientes a las familias y comunidades.

Por último, al incluir a mujeres anteriormente encarceladas, incluidas las mujeres trans, en las reuniones de expertos para este informe y llevar a cabo dos sesiones separadas con ellas, la CIDH reconoce a las mujeres anteriormente encarceladas como poderosas agentes de cambio. Uno de los avances más significativos de los últimos años es el surgimiento de organizaciones locales dirigidas y fundadas por mujeres anteriormente encarceladas y la red latinoamericana de mujeres anteriormente encarceladas. ¿Quién mejor que aquellas que han vivido los horrores del encarcelamiento para plantear enfoques alternativos?

2. Repensar alternativas al encarcelamiento

La CIDH afirma que uno de los principales objetivos del informe es reducir la población reclusa femenina. Eso implica evitar que mujeres entren en el sistema de justicia penal desde un inicio y evitar el encarcelamiento de aquellas que se ven atrapadas en él. El informe analiza las tres principales medidas alternativas orientadas al género que se utilizan actualmente en la región y las razones por las que, tal y como están concebidas actualmente, no constituyen buenas alternativas.

Tenemos que repensar las alternativas al encarcelamiento. El arresto domiciliario, el monitoreo electrónico y los tribunales de drogas son tres alternativas de uso común en las Américas que provienen de una mentalidad punitiva, en lugar de estar basadas en la restitución y en proporcionar a las mujeres las habilidades y recursos necesarios para mantenerlas fuera del sistema de justicia penal desde el inicio.

El informe de la CIDH insta a los Estados miembros a priorizar la implementación de medidas alternativas desde perspectivas de género e interseccionalidad, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, especialmente aquellas que corren mayor riesgo debido a múltiples factores de discriminación, como las madres y las mujeres trans. Después, se enumeran una serie de opciones que son menos perjudiciales y potencialmente beneficiosas, entre las que se incluyen: requisitos no excesivos de acudir regularmente a un centro determinado; suspensión de la ejecución de la sentencia; tratamiento voluntario para el uso problemático de drogas; programas y servicios comunitarios; mediación; restitución a la víctima o indemnización; y justicia restaurativa.

A continuación, se explica por qué las alternativas más utilizadas hoy en día presentan problemas:

El arresto domiciliario es la alternativa más común, pero las mujeres pueden no tener un hogar al que acudir o una familia dispuesta a mantenerlas. Las condiciones bajo las cuales están sujetas las mujeres en arresto domiciliario suelen ser tan estrictas que las mujeres no pueden trabajar para ganarse la vida, cumplir con sus responsabilidades como madres o cuidadoras o incluso ir al médico cuando sea necesario. Para que esta opción sea realmente una alternativa beneficiosa, es necesario moderar estas condiciones de manera significativa.

El monitoreo electrónico es cada vez más común pero la experiencia de las personas afectadas por su uso depende mucho en función de los recursos (humanos, sociales y financieros) a su disposición. Esto incluye, entre otras cuestiones, contar con un hogar y una red de apoyo, algo que no siempre está disponible para las mujeres en situación de vulnerabilidad. El uso del monitoreo electrónico también transfiere los costos del confinamiento del Estado al individuo y puede provocar una serie de problemas de salud.

En teoría, los tribunales de drogas pretenden proporcionar tratamiento a quienes lo necesitan, reducir la población reclusa y limitar los costos asociados al encarcelamiento. En la práctica, los tribunales de drogas son una intervención costosa y engorrosa que ha tenido un impacto limitado en la reducción del encarcelamiento y puede incluso ser perjudicial para los presuntos beneficiarios. Como bien señala este informe, los programas de tratamiento para superar la dependencia de las drogas deberían ser voluntarios y llevarse a cabo desde una perspectiva de salud pública.

3. Implementar el plan de reformas de políticas de la CIDH en toda la región

Los gobiernos de toda la región deben atender las recomendaciones formuladas por la CIDH. El informe también proporciona a los y las actores de la sociedad civil una herramienta muy importante para los esfuerzos de incidencia para reducir el encarcelamiento de mujeres en toda la región. Aquí se presentan algunas de las recomendaciones políticas que son particularmente importantes para reducir el encarcelamiento de mujeres:

• Reformar las leyes sobre drogas para garantizar la proporcionalidad en las sentencias.
• Despenalizar el consumo y la posesión de drogas para uso personal.
• Utilizar penas no privativas de libertad, o alternativas al encarcelamiento, para delitos menores.
• Limitar de manera significativa el uso de la prisión preventiva.
• Garantizar el acceso a los beneficios penitenciarios, como las reducciones de sentencias.
• Tomar en cuenta las circunstancias atenuantes antes, durante y después del enjuiciamiento.

Otras recomendaciones importantes son:

• Eliminar los antecedentes penales, que es tan importante para las mujeres y los hombres que intentan reconstruir sus vidas después de la cárcel.
• Recopilar buenos datos con un enfoque de género, con el fin de aplicar políticas sólidas basadas en evidencia.
• Adoptar políticas para prevenir y responder a la violencia de género en prisión, incluida la violencia contra las mujeres trans.

En los últimos años se han producido verdaderos avances en la inclusión de la cuestión del impacto desproporcionado del encarcelamiento sobre las mujeres en las agendas nacionales, regionales e internacionales. Los gobiernos en la región ahora reconocen el impacto desproporcionado del encarcelamiento en las mujeres, y el impacto devastador en sus hijos, hijas y familias. Sin embargo, con algunas excepciones importantes, esto no ha llevado a que se implementen reformas muy necesarias. Es hora de transformar las palabras en acciones, y este exhaustivo informe proporciona precisamente las herramientas que los gobiernos necesitan para lograrlo.