Monitorear corrupción en cárceles: por qué y cómo adaptamos una guía para América Latina 

La corrupción en cárceles suele entenderse como algo excepcional, pero en la práctica se vive como una rutina que ordena el acceso a cosas básicas. Termina definiendo quién come mejor, quién consigue atención de salud, quién puede estudiar o trabajar, quién logra llamar a su familia y quién se mantiene a salvo. En sistemas penitenciarios donde la vida cotidiana ya está marcada por la precariedad, esa rutina altera la distribución de recursos, produce jerarquías y normaliza abusos que impactan directamente en los derechos humanos de las personas privadas de libertad. 

En América Latina, esta preocupación se vuelve más urgente por cambios profundos que vienen acumulándose hace años. El hacinamiento y el aumento sostenido de la población penitenciaria presionan servicios esenciales, infraestructura, seguridad y gestión interna. A eso se suma el desarraigo, que se intensifica con los flujos migratorios en la región y con trayectorias de vida cada vez más móviles. Cuando los vínculos familiares se debilitan o se vuelven intermitentes, aumentan las barreras para acceder a información, apoyo y protección, y se expanden intermediaciones informales. Al mismo tiempo, la preparación del personal y las capacidades institucionales no siempre crecen al ritmo de estas transformaciones, lo que abre espacios de ilegalidad cotidiana. En ese escenario, la autoridad legítima se debilita, la capacidad de control disminuye y la complejidad criminal encuentra condiciones para instalarse y consolidarse dentro de los recintos. 

Esa complejidad se expresa en dinámicas de poder que se organizan al interior de las cárceles y que muchas veces replican lógicas presentes en territorios y barrios. Se establecen jerarquías donde quienes tienen más recursos, mayor liderazgo o mayores redes logran dominar a personas privadas de libertad más vulnerables a través de extorsión, amenaza y violencia. En paralelo, la evidencia disponible describe la creación de mercados internos ilícitos en los que circulan drogas, armas, teléfonos móviles y también acceso a servicios básicos, como alimentación, salud, trabajo y educación. A eso se agregan sistemas de cobro y extorsión que profundizan la desigualdad. En este entramado, la corrupción deja de ser un hecho aislado y pasa a ser una condición que facilita transacciones, habilita abusos y sostiene formas de control paralelas, muchas veces con participación o tolerancia de distintos niveles de la institución penitenciaria.  

En este contexto, los mecanismos de prevención de la tortura cumplen un rol relevante, porque su trabajo en terreno les permite detectar patrones, registrar prácticas y transformar observaciones en recomendaciones aplicables. Esa capacidad es clave cuando la corrupción se vuelve difusa, se normaliza o se oculta, ya que ayuda a convertir señales dispersas en evidencia útil para la prevención y la protección de derechos. 

Con el objetivo de fortalecer ese rol, Penal Reform International junto a U4 Anti-Corruption Resource Centre desarrollaron una guía de monitoreo que ofrece una visión general sobre los riesgos de corrupción en prisiones y los pasos a seguir cuando se detecta. La creación de esta guía, enriquecida a través de un encuentro de expertos en Londres en 2023, buscó entregar herramientas concretas para detectar y enfrentar corrupción, y para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, especialmente en contextos donde los sistemas judiciales y penales enfrentan debilidades estructurales y déficits de rendición de cuentas. 

Desde el inicio, una idea quedó instalada con fuerza y resultó determinante para el trabajo posterior. Esta guía hace referencia a la importancia de situar la corrupción al interior de las cárceles en los contextos específicos en los que se encuentran estos recintos. Para eso se deben considerar las características de la población general y de los grupos vulnerables, el cuerpo legal y la tipificación asociada a corrupción, los riesgos y los tipos de corrupción, entre otros aspectos que es fundamental situar para hacer posible la observación y el monitoreo que se propone. En otras palabras, el valor de una guía de alcance global aumenta cuando se vuelve capaz de dialogar con realidades institucionales concretas, con equilibrios de poder internos, con incentivos y con los márgenes reales de acción que tienen los mecanismos en cada país. 

Con esa convicción, el proceso de adaptación a América Latina se concibió como una oportunidad para discutir y ajustar el marco general, y al mismo tiempo traducirlo a un instrumento de observación aplicable en terreno. El trabajo se desarrolló en un esfuerzo conjunto entre Penal Reform International, el Comité para la Prevención de la Tortura de Chile, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro UC Justicia y Sociedad, con el propósito de reunir a representantes de mecanismos nacionales de prevención de la tortura de distintos países de la región y construir colectivamente una herramienta útil, validada y accionable. 

El proceso se organizó en dos momentos. En la primera instancia, realizada en modalidad online en enero de 2025, los países participantes realizaron un diagnóstico de la situación de corrupción en sus sistemas penitenciarios, guiados por indicadores de riesgo propuestos en la guía original. Esa discusión permitió identificar convergencias claras, pero también diferencias relevantes que dependen de legislación, institucionalidad, organización penitenciaria, condiciones de visita, formas de registro y canales de incidencia. Ese primer paso ayudó a establecer un mapa compartido y una base común de lenguaje. 

La segunda instancia se realizó de manera presencial en Chile en julio de 2025 y fue clave para avanzar hacia una operacionalización más afinada. Con la información acumulada, se decidió construir un enfoque que apuntara directamente a prácticas corruptas y a sus efectos sobre principios, garantías y derechos básicos. Para hacerlo útil al monitoreo, cada práctica se vinculó con fuentes de información posibles, actores afectados y preguntas guía orientadas a equipos de observación. Además, se incorporó un módulo destinado a discutir rutas estratégicas de acción, porque resultaba indispensable reflexionar sobre el rol real de los mecanismos frente a un fenómeno que, por definición, se mueve en zonas grises y en arreglos cotidianos difíciles de detectar. 

El resultado de ese trabajo fue una guía regional que organiza la observación en dimensiones vinculadas a la vida cotidiana y a garantías básicas. Entre ellas se incluyen habitabilidad, acceso a derechos, reinserción y progresividad, drogas, contacto con el mundo exterior, acceso a justicia y debido proceso, integridad física y seguridad bajo autoridad legítima del Estado, e integridad sexual. Cada dimensión se plantea como un espacio concreto de observación y de preguntas posibles, y se apoya en la idea de triangular información, identificar señales consistentes y construir evidencia que se pueda sostener y contrastar. 

La guía latinoamericana busca aportar, ante todo, una forma de operacionalizar un fenómeno amplio, ambiguo y difícil de agarrar como la corrupción. La corrupción ocurre en bordes, se camufla, se naturaliza y puede expandirse tanto que se vuelve invisible. Cuando eso pasa, se vuelve inabordable, porque no se sabe dónde mirar, qué preguntar, cómo registrar ni cómo priorizar. Este instrumento apunta precisamente a eso, a visibilizar, nombrar y definir prácticas y patrones para que los equipos de monitoreo puedan observar de manera más sistemática, comparable y útil para la prevención. El objetivo es hacerla observable, para que deje de ser una intuición general y se convierta en un conjunto de prácticas identificables, con impactos verificables sobre derechos. 

Este proceso fue posible por el trabajo colaborativo entre instituciones y por la participación de mecanismos nacionales de prevención de la tortura de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. También se sostuvo en el aporte del equipo de investigación del Centro UC Justicia y Sociedad y en el acompañamiento editorial de Penal Reform International y del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el Comité para la Prevención de la Tortura de Chile. La guía final busca ser, en ese sentido, una herramienta regional construida desde experiencia real de monitoreo, pensada para fortalecer capacidades de los equipos y apoyar acciones preventivas allí donde más se necesitan. 

Corrupción en las prisiones: guía para los supervisores de centros penitenciarios: https://www.penalreform.org/resource/corruption-in-prisons-a-guide-for-detention-monitors/ 

Guía de monitoreo de corrupción de cárceles de Latinoamérica: https://justiciaysociedad.uc.cl/guia-de-monitoreo-de-corrupcion-en-carceles-de-latinoamerica/