Coronavirus y mujeres privadas de libertad: Está faltando un análisis con perspectiva de género

La epidemia de Covid-19 ha provocado una variedad de respuestas por parte de los sistemas penitenciarios y de justicia, pero en general la difícil situación de las mujeres ha sido pasada por alto o directamente ignorada. Si no se producen evaluaciones y respuestas al coronavirus que contengan un perspectiva de género específica, la vida de las mujeres en el sistema penal seguirá en riesgo y continuarán registrándose violaciones a sus derechos.

Este escrito fue producido por Olivia Rope, Directora de Política e Incidencia Internacional en Penal Reform International, y trabaja sobre información proveniente de la “Women in Prison Network”, red que congrega mujeres de 21 países diferentes que han vivido la prisión, y que trabajan en colaboración con el Vance Center for International Justice.

Muchas gracias al CELS por esta traducción de la versión original en inglés.

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En los meses pasados, en medio de la pandemia, en algunos lugares se ha producido una cierta toma de conciencia respecto de la situación de las personas en prisión. Ha habido más atención de los medios, que cubrieron historias de personas encarceladas, las cuarentenas y la liberación de algunos detenidos. Ha habido también más atención por parte de autoridades, activistas, y hasta líderes mundiales alertando de los peligros de un brote de coronavirus en espacios de detención sobrepoblados. Pero en medio de este cúmulo de actividades para prevenir el Covid-19 en las cárceles, hubo un relativo silencio respecto de la situación particular de las mujeres en las cárceles, y sus hijes.

En todo el mundo hay más de 700.000 mujeres presas, comparadas con más de 10 millones de hombres. Hay también unos 19.000 niñes viviendo en las cárceles con sus madres. La pequeña proporción de las mujeres dentro de la población penal es una de las razonas por las que los sistemas de justicia criminal siguen siendo diseñados y manejados pensando en los hombres, usualmente bajo mandos masculinos también. Los países que han tomado medidas para prevenir o contener el Covid-19 en las cárceles, lo han hecho también con la mirada puesta en los hombres presos, en general ignorando los impactos diferentes y distintivos que estas medidas tienen en las mujeres.

Los países que han tomado medidas para prevenir o contener el Covid-19 en las cárceles, lo han hecho también con la mirada puesta en los hombres presos, en general ignorando los impactos diferentes y distintivos que estas medidas tienen en las mujeres.

Las mujeres privadas de su libertad tienen necesidades de salud más complejas, con tasas mucho más altas de condiciones de salud subyacentes, si se compara con el resto de las mujeres en la comunidad. Este hecho, sumado a la desastrosa falta de higiene y la sobrepoblación de los penales, pone a las mujeres en mayor riesgo de contraer Covid-19. Un número importante de mujeres entran a la cárceles bajo circunstancias particulares como cursando un embarazo, o luego de dar a luz, o con consumo problemático de sustancias, o con efectos físicos o mentales producto de situaciones de violencia y los traumas asociados a ellas.

Las mujeres presas durante la pandemia deben atravesar cambios en su vida diaria en la cárcel, y en ocasiones sufrir la falta total de protección de su salud y sus vidas. En los casos en los que se disponen medidas para contener el coronavirus, muchas veces han implicado más penurias o han afectado a las mujeres de manera particular.

Un indicador de la falta de consideración de las mujeres en las cárceles por parte de las autoridades es que, en muchos casos, los datos siguen siendo neutros respecto del género. El proyecto Justice Project Pakistan, que rastrea infecciones y muertes por Covid-19 en cárceles de todo el mundo, ha observado que la mayor parte de los datos sobre Covid en lugares de detención, ya sean oficiales o de otras fuentes, no incluyen información precisa ni están desagregados por género.

También, en los países que se ha intentado liberaciones para mitigar las consecuencias de un brote de Covid-19 en las cárceles, hay escasa información acerca de cuántas mujeres fueron incluidas en esas iniciativas. Son los raros casos en los que la estrategia de liberaciones alcanzó a las mujeres, como el caso de Afganistán, que liberó a unas 700 mujeres de sus cárceles. Pero en la mayoría de los países las mujeres han sido excluidas: en Nigeria sólo una mujer (de 2.600 personas excarceladas) logró beneficiarse de la salida anticipada. En otros lugares, los criterios de liberación excluyen a las mujeres indirectamente. Por ejemplo, las personas presas por delitos de drogas no califican para mecanismos de liberación en Colombia, lo que impacta desproporcionadamente en las mujeres, 45% de las cuales están presas por delitos de drogas (comparado con el 12% de los hombres).

Pero en la mayoría de los países las mujeres han sido excluidas: en Nigeria sólo una mujer (de 2.600 personas excarceladas) logró beneficiarse de la salida anticipada.

Los mecanismos de liberación en algunos países incluyen disposiciones específicas para mujeres embarazadas, lactantes o aquellas privadas de su libertad junto a sus hijes, como es el caso de México. Estas iniciativas son bienvenidas y están en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Ofician del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para atender de manera especial a las mujeres embarazadas y madres. En otros países, como Malawi, Gambia, Sierra Leona, Colombia y Pakistán no se han tomado medidas especiales para proteger a este grupo vulnerable.

Las mujeres deben ser consideradas como un grupo en los mecanismos de liberación de emergencia, más allá del grupo más pequeño de mujeres embarazadas, lactantes o con hijes en la cárcel. En la mayoría de los países la población penal femenina comprende personas sin antecedentes penales que cometieron crímenes no violentos, incluyendo delitos menores de drogas o relacionados con la subsistencia, lo que implica escaso riesgo para la sociedad y bajas probabilidades de reincidencia (razón por la cual las Reglas de Bangkok alienta las alternativas al encarcelamiento).

A partir del momento en que las mujeres son liberadas de la prisión, los problemas continúan para ellas, con una infinidad de cuestiones por delante para poder reconstruir sus vidas. Corren alto riesgo de quedar en la calle o en la pobreza y pasibles de abusos. Existe evidencia extensa de que la violencia doméstica y otras formas de violencia de género han aumentado durante la pandemia. Consecuentemente, los alto niveles de violencia experimentados por las mujeres en el sistema penal requiere un plan cuidadoso para su liberación, que asegure que se contará con el apoyo necesario. Cuando gran parte de los recursos son destinados a atender la emergencia del Covid-19 “servicios como las líneas y los centros de ayuda, los refugios, la asistencia legal y los servicios sociales corren riesgo de ser reducidos”. Existe una preocupación real de que  las mujeres liberadas corran riesgos sin estas prestaciones fundamentales. Aún los servicios que siguen funcionando, en muchos casos debieron adaptarse a la pandemia, trabajando online o atendiendo sólo de manera remota. La “brecha digital” afecta a las mujeres más que a los hombres (por ejemplo, en algunos lugares menos mujeres poseen un teléfono celular), y esto puede llevar a que servicios vitales sean inaccesibles.

La mayoría de los sistemas penitenciarios se han cerrado al mundo exterior, limitando o suspendiendo las visitas e imponiendo aislamientos o cuarentenas para prevenir el Covid-19. Estas medidas traen enormes repercusiones para todas las personas privadas de su libertad, como interrupción del contacto con sus seres queridos, menos auditoría y monitoreo sobre su tratamientos y sus condiciones de detención y, en algunos casos, restricciones en su posibilidad de acceder a medicinas y hasta a comida.

En las cárceles de mujeres, una de las mayores preocupaciones al imponer aislamientos por un período de tiempo extendido es que estos momentos de ansiedad y depresión se conectan con la separación de sus niñes. De ese modo, cortar el contacto con les niñes, en particular tiempos de encuentro y de juego, afecta la salud mental de las mujeres en prisión de manera significativa. Las personas que están en la cárcel tienen una tasa de afectaciones a la salud mental mucho más alta que el resto de la población, pero la investigación muestra que esto es todavía más alto en el caso de las mujeres en prisión -y que en general se conecta con hechos de violencia y discriminación sucedidos a lo largo de sus historias de vida.

En Jordania, también hemos observado que el estigma y la discriminación que sufren las mujeres en prisión, que es desproporcionadamente mayor que para los hombres, ha significado también el corte de su soporte financiero. Usualmente las mujeres reciben cierto dinero durante las visitas, dado que se necesita un esfuerzo adicional para mandar dinero para mantener a una persona en la cárcel.

En los casos en los que la cuarentena significa en los hecho el reclusión en solitario, con el caso de las mujeres presas en Nueva Zelanda, los efectos excesivamente dañinos tendrán consecuencias en el largo plazo, mucho más allá de la duración de la pandemia. Estas cuestiones se ven exacerbadas por los servicios de salud mental deficientes y las restricciones a su acceso, como lo muestra el caso de las mujeres presas en Colombia. En muchos países hemos observado que los servicios destinados al bienestar psíquico de las mujeres presas han sido suspendidos dado que los proveedores externos no pueden entrar a la cárcel. En algunos lugares los han adaptado, como la ONG Fundación Faraja de Kenia, que estableció un acompañamiento virtual para el soporte psicosocial de las mujeres presas y del personal penitenciario, como herramienta para atravesar la crisis.

En otros lugares, como Kazakhstan, se han tomado decisiones positivas para mitigar la falta de visitas personales reemplazándolas con otros medios como las llamadas por video ilimitadas para las personas privadas de su libertad. De todas formas, en las políticas que implican costos adicionales, las cárceles de mujeres suelen quedar atrás en la asignación de recursos. En Filipinas, por ejemplo, las instalaciones de tecnología digital se están realizando en pabellones de hombres, mientras que un sólo teléfono se habilitó para más de 1000 mujeres en la cárcel de la ciudad de Manila.

En un nivel más inmediato y práctico, las mujeres en prisión se han quedado sin suministro de toallas femeninas durante la cuarentena, ya que en general son provistas por redes de soporte externo, familiares, ONGs, etc. que tienen suspendidas las visitas. La provisión (gratuita) de elementos de higiene femeninos está establecida por las Reglas de Bangkok para las mujeres en prisión -se trata de un elemento esencial para la higiene, pero también para el derecho a la dignidad. Por esta razón en Jordania, Penal Reform Internacional ha trabajado con las autoridades y ahora se está proveyendo de productos de higiene como toallitas, jabones, y paños húmedos para las mujeres en la cárcel.

El corte de los contactos con el mundo exterior ha causado otros problemas, y violaciones de derechos de las mujeres en prisión. El aumento de las tensiones, la ansiedad y la reducción del monitoreo es coctel peligroso que puede derivar en aumento de la violencia en los espacios de detención. En las cárceles de mujeres existe una amenaza mayor de violencia sexual durante la pandemia debido a la reducción de la seguridad y menor presencia de personal.

Las respuestas, o la falta de respuestas, para proteger y mitigar los impactos de la pandemia en las mujeres muestra claramente la discriminación que sufren las mujeres en el sistema de justicia penal. La epidemia de Covid-19 debería llevar a los gobiernos y a todos nosotres a desafiar las raíces profundas de la discriminación en todas las etapas del sistema penal. Los sistemas de justicia siguen siendo discriminatorios, normalizando las inequidades de género, repitiendo y exacerbando en la cárcel las injusticias que muchas de las mujeres han experimentado afuera. Esto es aún más notorio durante las emergencias.

Los sistemas de justicia siguen siendo discriminatorios, normalizando las inequidades de género, repitiendo y exacerbando en la cárcel las injusticias que muchas de las mujeres han experimentado afuera.

Por tanto, mientras las urgencias reales de las mujeres que siguen en prisión, y las que han sido liberadas recientemente, son el foco de nuestros esfuerzos, tanto en la incidencia con el apoyo inmediato, necesitamos mirar hacia el futuro. En el largo plazo, las mujeres serán las que deban llevar la carga de los impedimentos de la crisis financiera. Las desigualdades de género, las sociedades patriarcales, la pobreza y las violaciones de derechos llevarán a aumentar aún más la población penal de mujeres a menos que se tomen medidas (amplias) de reforma.

Estas son algunas recomendaciones urgentes para responder al Covid-19 en cárceles y sistemas de justicia, para asegurar que las mujeres no queden detrás:

• Cualquier medida para reducir la población penitenciaria, proteger a las personas privadas de su libertad o mitigar los impactos del Covid-19 deben ser aplicadas por lo menos de manera igualitaria para la población de mujeres.
• Debe relevarse información y desagregar datos sobre los impactos del Covid-19 sobre las mujeres en prisión, las mujeres en conflicto con la ley, y las que han sido recientemente liberadas.
• Debe considerarse a las mujeres en los mecanismos de liberación existentes, o en los nuevos, teniendo en cuenta el delito cometido, las dificultades experimentadas y los cambios en los regímenes de prisión.
• Asegurar que las mujeres liberadas de su detención tengan el apoyo necesario, incluyendo vivienda, o un lugar donde estar, y medios financieros para garantizar su seguridad.
• Proveer servicios de salud mental y facilitar el contacto con el mundo exterior, especialmente con los niñes.
• Cualquier medida o cambio en el régimen penitenciario debería tomar en cuanta los impactos desproporcionados en la salud mental de las mujeres detenidas, por lo que sólo deberían implementarse como último recurso, por tiempo limitado y de manera proporcional a los riesgos que conlleva.
• Incorporar las voces de las mujeres en la toma de decisiones, incluyendo a mujeres que han vivido el encierro y el sistema de justicia criminal, y también a representantes de la sociedad civil.

También recomendamos leer el artículo de Vicki Prais, ex Directora de Políticas y Programas de PRI: “El impacto del Covid-19 en las mujeres presas“

*El término prisión es usado de manera amplia refiriendo a distintos lugares de detención, cárceles, prisión preventiva, detenciones compulsivas por consumo de drogas, u otras modalidades de detención en el sistema de justicia.